¿Cómo se puede demostrar que hubo negligencia médica?

Generalmente se requiere del testimonio de un perito.

En el caso de negligencia simple (como cuando alguien no respeta la luz roja del semáforo), no se requiere del testimonio de un experto para que la persona lesionada compruebe su caso. Si el caso no se resuelve por acuerdo sino que es llevado a juicio, el jurado escuchará la evidencia y decidirá si la persona que se pasó la luz roja fue negligente o no. En otras palabras, un jurado compuesto por personas no especializadas es plenamente capaz de decidir si alguien que se pasó una luz roja del semáforo fue o no “razonablemente cuidadoso” y por lo tanto fue negligente.

Sin embargo, las demandas por negligencia médica son un poco diferentes en este aspecto. Se requiere de médicos que determinen “el grado de pericia, cuidado y conocimiento esperado de un médico razonablemente prudente… actuando en circunstancias iguales o similares al momento de brinda la atención o el tratamiento en cuestión…” (Manual de Instrucciones del Jurado del Estado de Washington, Civil 105.01; traducido del ingles; cursivas añadidas). Si no tienen el cuidado que tendría un doctor razonablemente prudente, entonces son negligentes. Sin embargo, los jurados generalmente son personas no especializadas que no cuentan con una educación, capacitación o experiencia médica. Por lo tanto, no pueden basarse en su propia experiencia para saber lo que un médico “razonablemente prudente” hubiera hecho, o para decidir si el médico en cuestión cumplió con el estándar de cuidado. Generalmente el jurado tampoco cuenta con la educación, capacitación o experiencia médica para saber si la atención médica negligente fue el nexo de causalidad de una lesión médica.

La ley reconoce esto y exige que, en las demandas de negligencia médica, la parte lesionada deba probar su caso utilizando el testimonio de peritos. Estos peritos son médicos que están familiarizados con el estándar de cuidado en cuestión y que pueden testificar si el médico en cuestión cumplió o no con el estándar de atención y, si no fue así, establecer si el no haber cumplido con el estándar de atención fue el nexo de causalidad para la lesión. Estos peritos principalmente brindan al jurado conocimientos para ayudarlos a decidir sobre el caso (asumiendo que el caso no haya sido resuelto mediante un acuerdo antes del juicio). Si nosotros lo representamos en una demanda por negligencia médica, nos podremos adelantar el dinero necesario para contratar y pagar a testigos expertos que prueben su caso, como consideremos apropiado. La mayoría de las demandas por negligencia médica que hemos manejado se han resuelto por acuerdos antes de cualquier juicio, pero generalmente se llega a un acuerdo porque hemos contratado a expertos altamente calificados (en realidad, generalmente a por lo menos varios expertos) y convencemos a la defensa de que es mejor para ellos llegar a un acuerdo que llevar el caso a juicio. Para más información sobre cómo funciona una demanda típica por negligencia médica, haga clic aquí.

Algunas veces no es necesario el testimonio de un experto.

Es importante también hacer notar que existen algunas ocasiones en las que un paciente lesionado no tiene que utilizar a un perito para probar su caso. Esto sucede cuando la negligencia es tan obvia que no se requiere del testimonio de un experto para probarla. A esto se le conoce como res ipsa loquitur, que en latín significa “Los hechos hablan por sí mismos”. Un ejemplo sería cuando un equipo de cirujanos olvida un instrumento quirúrgico, como un clip o una esponja, dentro de un paciente. Sin embargo, estas situaciones son relativamente raras y la gran mayoría de los casos por negligencia médica requieren del testimonio de un perito para probar la responsabilidad y la causalidad.

Tipos de peritos que generalmente son utilizados

En un caso típico de demanda por negligencia médica, por lo general se utilizan diferentes tipos de expertos. Para explicarlo de mejor manera, pondremos un ejemplo.

Supongamos que tenemos un paciente masculino de 45 años (le llamaremos “José”) quien acude con su médico familiar para su revisión anual. Como parte de su revisión, se realiza un electrocardiograma para revisar el corazón de José. El electrocardiograma muestra algunas anormalidades graves que de no ser tratadas podrían llegar a provocar un ataque cardiaco. Sin embargo, el médico familiar no reconoce estas anormalidades en el electrocardiograma y no advierte a José ni lo refiere con un cardiólogo para recibir un diagnóstico y atención especializados. Cinco meses después, José sufre de un infarto masivo que lo deja prácticamente discapacitado. Él ganaba $45,000 al año como plomero, pero después del infarto ya no podrá continuar con su trabajo manual. José está casado y tiene dos hijos.

En este caso, los peritos que generalmente se utilizarían incluirían a un médico familiar, un cardiólogo, un “asesor personal de salud” y un economista forense. El médico familiar sería necesario para testificar si el estándar de cuidado del médico familiar se aplicó al interpretar el electrocardiograma, es decir, si el médico familiar debería haber sido capaz de detectar las anormalidades y referir a José con un cardiólogo. Aunque técnicamente un cardiólogo técnicamente podría testificar con respecto al estándar de cuidado para la medicina familiar (si él está familiarizado con dicho estándar), el abogado de José probablemente querrá tener a un experto en medicina familiar para testificar que el médico tratante de medicina familiar violó dicho estándar de cuidado.

El cardiólogo testificaría sobre el nexo de causalidad. En este caso la causalidad tiene que ver con que si José hubiera sido referido oportunamente con un cardiólogo, una intervención médica o quirúrgica hubiera modificado el rumbo de las cosas y evitado el infarto. Aunque técnicamente un médico de medicina familiar podría ofrecer su opinión sobre este tema, sería más convincente que lo hiciera un especialista en cardiología. Así que supongamos que el experto en medicina familiar testifica que el médico familiar que atendió a José debería haber notado que el electrocardiograma de José mostraba señales de alerta de una enfermedad cardiaca grave y por ello debería haber referido a José con un cardiólogo (es decir, que hubo una violación del estándar de cuidado por parte del médico familiar al no reconocer las señales de alerta en el electrocardiograma y no haber referido a José con un cardiólogo). Vamos a asumir que el cardiólogo experto testifica que si el médico familiar de José le hubiera referido con un cardiólogo, un cardiólogo prudente hubiera recomendado a José que se sometiera a una cirugía de derivación coronaria o a otro tipo de intervención, lo cual hubiera evitado el infarto. También supongamos que José testifica que él hubiera aceptado someterse a esa cirugía de derivación coronaria, o a otro tipo de intervención, si se lo hubiera recomendado un cardiólogo.

En este punto, José (el “demandante” en la demanda) ha establecido el “alegato principal”.

Sin embargo, se necesitarán más testimonios de los expertos. Por ejemplo, si José es prácticamente un semi-inválido, él necesitará ayuda para realizar algunas (y quizás muchas) de sus actividades diarias. Puede que necesite de una silla de ruedas para trasladarse. Él podría necesitar realizar modificaciones a su baño para poder utilizarlo con mayor facilidad. Él podría necesitar de alguien que realice las labores normales de la casa que él solía hacer, como cortar el césped, lavar el auto y otras labores de mantenimiento y reparación caseras. Puesto que José ya no puede realizar trabajos manuales, él también ha sufrido la pérdida de ingresos y ha perdido la capacidad de generar nuevos ingresos. En este tipo de situaciones, un asesor personal de salud y un economista forense serían utilizados. Un asesor personal de salud es un experto que puede trabajar con los otros expertos para crear un plan de cuidado razonable para José tomando en cuenta su condición médica en el futuro y otras necesidades, incluyendo su necesidad de ayuda para realizar actividades de la vida diaria. Un economista forense es un tipo de experto que se especializa en calcular las pérdidas monetarias de las víctimas lesionadas por negligencia, incluyendo cuánto dinero habrían ganado si no hubieran resultado lesionadas.

Podría necesitarse de otros expertos dependiendo de la situación. Quizás José se deprima demasiado debido a su condición de semi-invalidez. Quizás el infarto masivo provocó algún tipo de daño cerebral debido a la falta de oxígeno durante el evento. Si es así, entonces pueden necesitarse expertos adicionales que hablen acerca de dichos daños, como es el caso de un psicólogo, un neuropsicólogo y/o un neurólogo.

De cualquier manera, en un caso típico de negligencia médica suelen necesitarse varios expertos. Esto, obviamente, se vuelve muy costoso y ni siquiera incluye los gastos para tomar declaraciones y los demás gastos para la fase de investigación de la causa. Los gastos totales de litigio en un caso de negligencia médica frecuentemente son de entre $60,000 y $140,000, en algunas ocasiones es menor y en otras es mayor, antes de obtener la resolución de la demanda. Nosotros aportamos el dinero para cubrir estos gastos, con el entendido de que el mismo será reembolsado al término del caso y descontados de la cantidad obtenida por el cliente debido a un arreglo o a la resolución dictada en un juicio. (Para una discusión más detallada sobre cómo se manejan los gastos de un litigio así como otros costos, haga clic aquí). Puesto que los gastos de litigio en una demanda de negligencia médica pueden ser muy elevados, nosotros (y creemos que la mayoría del resto de los abogados para quienes demandan por negligencia médica) generalmente sólo aceptamos casos de lesiones graves o fallecimientos, donde consideramos que el caso puede ser resuelto por una cantidad de dinero suficiente como para cubrir los honorarios por y costos de litigio y que aún quede una indemnización importante para el cliente.

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